El Gobierno aprueba una amnistía fiscal para que afloren 25.000 millones

El Gobierno ha aprobado hoy los Presupuestos del Estado de 2012 para llevar a cabo el «mayor esfuerzo de consolidación fiscal de la democracia», según ha anunciado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En cifras: 27.300 millones de euros. Con ello, el Ejecutivo pretende cumplir con el objetivo «ineludible» impuesto por Bruselas de reducir el déficit público desde el 8,51% de 2011 al 5,3% del PIB a final de este año. Para ello, se aprueban nuevas subidas de impuestos, en esta ocasión para las empresas tras incrementar el IRPF en diciembre, y se pone en marcha una amnistía fiscal para regularizar el fraude. Gracias a estas y otras actuaciones adicionales anunciadas en el ámbito de la fiscalidad, el Estado prevé recaudar 12.314 millones adicionales.

El plan de amnistía, según ha explicado Montoro establece un «gravamen especial» del capital que se regularice de un 10%, quedando así exonerado de cualquier penalización o sanción posterior. La medida está destinada para incentivar el afloramiento tanto del capital que se ha desviado a paraísos fiscales como el dinero que se mueve dentro del país en lo que se conoce como la economía sumergida y que, según algunos cálculos, equivale e torno al 20% del total del PIB.

Según los cálculos que maneja el Gobierno, el Estado espera recaudar unos 2.500 millones de euros con la medida, lo que supone que pretende aflorar unos 25.000 millones de capital que hoy por hoy no está bajo control de la Agencia Tributaria. Según ha reconocido Montoro, la amnistía fiscal es una decisión que le gusta «más o menos», pero que hay que llevarla a cabo «en un momento en que hay que hacer lo que hay que hacer, que es ingresar sin subir impuestos indirectos y sin perjudicar la distribución tributaria».

Asimismo, ha dejado claro que se trata de «una ventana» que va a estar abierta excepcionalmente, razón por la que ha apelado a quienes se vean afectados para que regularicen su situación lo antes posible, porque «una oportunidad como esta no se va a volver a presentar más, sino, al contrario, se encontarán con un plan muy severo de penalizaciones». Según se detalle en la presentación que ha publicado más tarde Hacienda estará en marcha hasta finales de noviembre. Y advierte de que, a partir de ese momento, se endurecerán las sanciones.

El ministro ha recordado que este es el procedimiento recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en países con especiales dificultades económicas. De hecho, el Gobierno de Berlusconi aprobó una medida similar el pasado verano. En su caso, se optó por un gravamen único del 5%, lo que pudo hacer aflorar 104.500 millones de euros, una cifra que supera con mucho la que maneja el Gobierno español. Gracias a ello, ingresaron 5.600 millones. También Reino Unido ha llevado a cabo actuaciones similares con, en opinión de Montoro, «un éxito de recaudación».

«Existe la necesidad de llevar a cabo la amnistía porque no se ha logrado corregir el fraude», ha argumentado Montoro frente a la superposición de ambas medidas. En este punto, con la decisión de poner en marcha el plan, el Gobierno del PP contradice la postura que mostraron tanto Rajoy como su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que en 2010 rechazaron la idea de una amnistía.

Un recorte del gasto sin precedentes: Del lado del gasto, los Presupuestos incluirán un «ajuste drástico» en el gasto de los Ministerios del 16,9%, dos puntos por encima de lo que el presidente, Mariano Rajoy, había anunciado el martes. Según ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, la «primera obligación» del Gobierno «es lograr unas cuentas públicas saneadas, pero no a cualquier precio ya que hay que apoyar a quienes más lo necesitan y no frenar la necesaria recuperación» de la economía española. En dinero contante y sonante, la imposición de reducir el déficit del 8,5% al 5,3% se traduce en un ajuste total entre ingresos y gastos de 27.300 millones.

Más impuestos para mejorar los ingresos: El Gobierno ha anunciado un «programa de regularización fiscal» para las grandes empresas, lo que se traduce en una subida del impuestos de sociedades. Sin embargo, se descarta incrementar el IVA. En cuanto al apartado de impuestos indirectos, aumenta la carga fiscal que pesa sobre el tabaco. En diciembre, el Gobierno, además de subir el IRPF, elevó el impuesto sobre los rendimientos del capital y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Con ello, preveía recaudar unos 6.200 millones de euros. Ahora, toma otras medidas del lado de los ingresos para mejorar la recaudación en 5.350 millones en el impuesto de sociedades.

Copago en la justicia: Entre las primeras medidas que ha desgranado la vicepresidenta con vistas a reducir el déficit, el Gobierno también ha anunciado la imposición del copago en la justicia con una nueva ley de tasas «que afectan al ámbito civil, al contencioso-administrativo y a la segunda instancia». La vicepresidenta ha asegurado que las tasas en la segunda instancia evitarán «los abusos».

Sueldo de funcionarios y pensiones: Tal y como ya había anunciado el propio presidente, Mariano Rajoy, se mantiene congelado el sueldo de los funcionarios. Lo que tampoco se toca es la actualización de las pensiones públicas, que se mantiene, las prestaciones por desempleo y las becas, ha añadido Santamaría.

Encarecimiento de la luz: Por último, también se ha aprobado una subida de las tarifas eléctricas del 7% con el objetivo de reducir el déficit de tarifa. Para garantizar esta meta, se han tomado medidas adicionales con un aumento de los peajes y un